Sábado 29 Septiembre 2012
“No
vender agua en bloque a la sabana busca cambiar un modelo urbanístico
que está depredando la sabana y las fuentes de agua” Gustavo
Petro, Alcalde de Bogotá
POLÉMICA
El ministro de Vivienda y el gobernador de Cundinamarca anuncian
demandas contra el alcalde Gustavo Petro por el manejo que le da al
agua. ¿A qué hora y por qué estalló esta gran batalla?
Por
estos días en los que la mayoría de los colombianos centran su
atención en el tema de la paz, se libra una verdadera guerra en la
que están involucrados dos pesos pesados de la política nacional:
Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá, y Germán Vargas Lleras,
ministro de Vivienda. Ambos están enfrentados por un producto de
primerísima necesidad: el agua, que se convierte así en un
instrumento para medir fuerzas.
No se
trata de monopolizar el agua ante una eventual sequía, pues la
geografía ha bendecido el territorio nacional con centenares de
ríos, lagunas y decenas de represas que hacen de Colombia la cuarta
potencia hídrica en el planeta, sino de la manera en que se
distribuye el líquido y el valor que se cobra por este.
La
confrontación viene de meses atrás. En este lapso ha habido
momentos de alta tensión en los que, al final, se pasa a una breve
tregua. Así, por ejemplo, las partes se mostraron cordiales en la
reunión del viernes 21 de septiembre en la Casa de Nariño, en la
que medió el propio presidente Juan Manuel Santos. Algunos creyeron
que la ocasión sería un bálsamo, pero las aguas no se calmaron.
Sin
embargo, en la última semana Vargas Lleras, con el apoyo del
gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien en este pleito se ha
convertido en su mejor escudero, dejaron el lenguaje conciliador para
entablar acciones legales contra Petro. ¿La razón? “El uso
arbitrario que el alcalde le está dando al agua” que, según
ellos, está causando profundas secuelas en el desarrollo de la
región central del país.
El
quid de la cuestión pasa por el abastecimiento a 16
municipios de la Sabana en donde además de los pobladores anónimos
se ven involucradas importantes constructoras, empresas y
multinacionales. Vargas Lleras se muestra categórico. Según sus
cuentas, la política de Bogotá de no venderle agua a esta región
generó “una caída preocupante de todos los indicadores de la
construcción”. Para el ministro, la decisión de Petro no solo
afecta los municipios de Cundinamarca sino a sectores de Bogotá. “La
venta de viviendas, especialmente de interés social, ha bajado un 79
por ciento y muchos proyectos, incluso dentro de la ciudad, están
parados porque no les quieren dar agua o conexión a las redes”.
Vargas no ha dejado nada al azar: “La situación es muy
preocupante, y ya le pedí al Ministerio de Ambiente que revise la
concesión que tiene la Empresa de Acueducto de Bogotá”.
El
gobernador Cruz respalda a Vargas Lleras y empieza a mostrar sus
armas para enfrentar esta batalla. En diálogo con SEMANA reveló que
tiene el apoyo incondicional de los 16 alcaldes de los municipios
afectados para combatir a quien “se ha autoproclamado jefe supremo
de la Sabana”, como lo califica. El mandatario departamental
advierte: “Vamos a pedir una concesión de agua para crear una
nueva empresa de acueducto departamental, que nos libere de la
tiranía de la Empresa de Acueducto, y ya le pedimos al gobierno que
nos dé la parte del agua que nos corresponde de las concesión
Chuza-Chingaza, que en últimas es una riqueza de Cundinamarca, no de
Bogotá”.
A
estas alturas la pelea ya está en otros escenarios, pues la
Superintendencia de Servicios Públicos investiga al Acueducto de
Bogotá para evaluar si esta empresa ha violado la ley. “Creo que
frente a lo que está pasando, donde hay posiciones confusas y
decisiones individuales, hay que actuar porque este es un tema que
atañe a todo el mundo, a la ciudadanía, al Estado colombiano en su
conjunto, y no solo a unos pocos”, dijo el superintendente de
Servicios, César González.
La
visión de Petro
Pero,
¿qué es lo que está pasando con el agua en el centro del país,
que tiene enfrentados a dos de los posibles candidatos que en el
futuro buscarían suceder al presidente Santos? En el fondo lo que
está en juego es el modelo de desarrollo y ciudad de Petro que ha
entrado a chocar con otras propuestas. Como se recordará, el mismo
día de su posesión, el alcalde anunció que iba a liderar una
“revolución del agua”, algo que nace de su convicción de que
las ciudades deben ordenarse alrededor de los recursos naturales. En
esa idea ha sido consistente desde el Senado, en su campaña
presidencial y ahora en su alcaldía. De hecho, Petro estudió una
maestría de Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la
Universidad de Lovaina en Bélgica.
Pero
lo que pasa con la propuesta del agua de Petro es lo mismo que sucede
con todos los debates alrededor del desarrollo sostenible: suena muy
bien en los foros, pero en la práctica es difícil de aplicar porque
es una decisión que debe ser tomada por instancias nacionales,
regionales y locales. El caso del agua no es el único. Petro se
opuso a la construcción de la ALO (Autopista Longitudinal de
Occidente), con el argumento de que pasa por encima de unos
humedales; anunció la prohibición de la minería dentro del
perímetro urbano (a pesar de que grandes empresas como Cemex y
Holcim tienen grandes concesiones desde hace años), aplaudió la
consolidación de la reserva forestal del norte, que impide
desarrollos urbanísticos y empresariales en una zona clave, y no
quiere que se construyan más viviendas populares en los bordes de la
ciudad.
Con
esta filosofía, no le gusta que se levanten más edificaciones en
los municipios vecinos por lo que se opone a venderles agua en bloque
ya que considera que no hay que estimular “un desarrollo depredador
de la Sabana”.
A esto
se suma su mirada de promover una política pública que privilegie
el interés común y de los pobres. En la Bogotá Humana de Petro más
de 3 millones de estos empezaron a recibir seis metros cúbicos
gratis de agua al mes, que le valdrán a la Empresa 61.000 millones
de pesos al año e incluso se anunció la instalación de 10.000
contadores para que quienes no pueden pagar en los estratos 1 y 2 no
se queden sin el líquido. Entre tanto los grandes constructores,
empresas y el propio gobierno nacional han visto cómo el Acueducto
les cerró la llave por la que circula el 90 por ciento del agua
potable de la Sabana, lo que hizo frenar decenas de proyectos de
vivienda, fábricas e industrias.
Precisamente
ante la dificultad que ha tenido Bogotá de habilitar suelo para
construir grandes y medianos proyectos de vivienda, los constructores
y el gobierno nacional han dado pasos para impulsarlos en municipios
vecinos como Soacha, Mosquera, Funza o Madrid. El problema es que
esos acueductos se surten del agua que les vende en bloque el
Acueducto de Bogotá. Y esta administración considera “que vender
el agua en bloque es ilegal” y que así “se les está entregando
agua a zonas rurales para condominios, empresas e industrias, lo que
desata una urbanización ilegal que destruye la sabana y contamina
las fuentes de las que nutre el agua que consumen más de 8 millones
de bogotanos”, dice Diego Bravo, gerente del Acueducto y el más
férreo escudero de Petro en esta batalla.
La
consecuencia de esa polémica medida, según el gobernador Cruz, es
que frenó en seco más de 70 proyectos urbanístico en la Sabana
porque sin agua y sin reglas claras no hay posibilidades de vender
una sola casa, incluso los megaproyectos que había impulsado el
gobierno en Mosquera o Soacha. De hecho, en la subasta que hizo el
gobierno para las 100.000 casas, Cundinamarca perdió 20.000
subsidios.
Según
Camacol, con la llegada de Petro también han aparecido trámites y
barreras en el Acueducto y en otras instancias del Distrito lo que ha
llevado a muchos constructores a congelar todos sus proyectos futuros
en Bogotá y buscar en otros lugares distintos. SEMANA consultó a
varios importantes constructores, quienes revelaron que habían
decidido trasladar sus actividades a “Barranquilla, Bucaramanga y
Villavicencio”, para evitar que sus empresas quiebren en un futuro.
El
abogado Juan Manuel González, que representa a más de 40
constructoras afectadas por las decisiones, dice que el “Acueducto
se ha convertido en la punta de lanza de la alcaldía de Petro, que
busca imponerles a la ciudad y a los municipios de la Sabana su idea
de ordenamiento, sin importar si pasa por encima de la Constitución,
la ley o del derecho que tienen los municipios y personas a recibir
un derecho fundamental como el agua”. Según González y los
constructores consultados por SEMANA, ha empezado a poner en práctica
esta decisión de varias formas. La primera ha sido frenar la
expansión en los bordes sur y occidente. La Empresa les ha advertido
a varios constructores que no tiene posibilidad de prestar los
servicios públicos de acueducto o alcantarillado en estas zonas,
incluso a proyectos que ya tienen licencia de construcción en Bosa o
Usme, algunos de los cuales tienen de socio a Metrovivienda, empresa
distrital que ya ha invertido millonarios recursos públicos.
Uno de
los casos que más ha sonado es el de Campo Verde, que tardó más de
ocho años en obtener un plan parcial para hacer unas 17.000
viviendas de interés social, además de parques, escuelas y
colegios. Cuando todo estaba listo, apareció la polémica sobre si
el terreno se podía inundar o no, y la obra está parada. “Frente
a este y otros proyectos, esta administración respeta las licencias
que se han otorgado y los servicios aprobados, sin embargo, en
algunas zonas deberán esperar a que se construyan las redes. Nuestra
prioridad está en llevar a los pobres a vivir en el centro ampliado
y no en los extramuros, en zonas inundables o que se deslicen”,
dijo Bravo.
En la
otra orilla, fuentes del gobierno nacional consideran que Petro no
puede incidir así en el desarrollo de municipios sobre los que no
tiene mandato. “Además de cerrar los bordes de expansión, dice
Luis Felipe Henao, viceministro de Vivienda, el Acueducto está
generando restricciones a proyectos que ya están terminados o en
construcción”.
Él,
como Vargas Lleras, cree que esta decisión también ha afectado
proyectos en la propia Bogotá: “El Acueducto les envió una carta
a los curadores, para informarles que entre las calles 116 y 153, de
la autopista hacia el oriente no hay disponibilidad de servicios, por
lo que cada proyecto deberá solicitarlos. Y a los constructores que
les van a aprobar servicios o contadores, deben firmar una carta
abierta en plazo y en precio, en que se comprometen a pagar las obras
que se tengan que hacer en el futuro para solucionar los problemas de
redes”. El funcionario da un ejemplo. “Solo en Cedritos hay más
de 40 proyectos, algunos ya terminados, que están sufriendo
problemas de agua. Por esta y otras medidas, creemos que en toda la
ciudad hay más de 100.000 unidades de vivienda paralizadas”.
Cuestión
de élite
Otro
ejemplo en el que la ciudad ha hecho valer el poder para marcar sus
ideas políticas ha sido Anapoima, donde están las casas de verano
de la élite política y económica de Bogotá. A pesar de que la
empresa promovió la construcción de una tubería desde Tibitó
hasta esa área y ya se están terminando de construir las redes,
ahora la Empresa dice que no les venderá agua más allá del casco
urbano. “Esta no es una gasolinera, y no les vamos a vender agua
para condominios, casas campestres y campos de golf de unos pocos que
quieren asentar en un territorio que no tiene cómo soportar esa
población ni este tipo de proyectos. Esa no es la función social ni
la responsabilidad ambiental que quiere promover la Empresa de
Acueducto”, le dijo Bravo a SEMANA.
Algunos
expertos creen que si bien esta tesis es aplaudida por la galería
tiene una contradicción enorme. La fuente natural de Anapoima y
otras poblaciones del Tequendama es el río Bogotá, del que no se
pueden surtir porque la capital lo destruye con su contaminación.
“Que limpie el río y hablamos”, dicen.
Así
como hay municipios afectados, la misma suerte la han corrido grandes
empresas. Por ejemplo, Coca Cola-Femsa está construyendo una
gigantesca embotelladora en Tocancipá, con una inversión de 320
millones de dólares. “Como es natural, el agua es fundamental,
pero en abril pasado la Empresa de Acueducto nos informó que no hará
ningún tipo de conexión ni venta de agua en bloque a nuestra
planta, lo que nos ha llevado a buscar alternativas, que están en
estudio, para solucionar esta dificultad, porque el proyecto no se va
a detener”, afirmó Silvia Barrero, vocera de la empresa
Hace
un par de semanas Bravo anunció que está evaluando suspender el
abastecimiento de agua a la planta de Bavaria-SabMiller en Tocancipá
porque “de acuerdo con la normatividad existente, la empresa no
puede suministrar agua por fuera del perímetro urbano de Bogotá”.
La avanzada de Bravo es en serio. Así, por ejemplo, le pidió a la
Corporación Autónoma Regional que inspeccione e investigue los
vertimientos que vienen haciendo al río Bogotá empresas como
SabMiller, Emgesa, Britalia y las demás que funcionan antes de las
bocatomas que captan aguas para ser tratadas en la planta de Tibitó,
que abastece al occidente de Bogotá y a diez municipios de
Cundinamarca.
El
gobernador Cruz afirma que “frente a la venta de agua en bloque, la
concesión que el gobierno les dio a Bogotá y a 16 municipios de la
Sabana no tiene restricción, por lo que la Empresa de Acueducto no
puede imponer condiciones a merced del monopolio que ejerce, pues
según la Constitución el desarrollo territorial está en cabeza de
los alcaldes y Concejos de cada municipio, y no de una empresa o de
alguien que quiera mandar sobre toda una región. El Acueducto y
Petro están suplantando a los alcaldes, Concejos, autoridades
ambientales y nacionales, y al mismo gobierno, pero ya hay
suficientes argumentos, incumplimientos y violaciones para
demandarlos”, le dijo Cruz a SEMANA.
Para
el mandatario departamental, Petro también actúa de forma
contradictoria porque cerca del 80 por ciento del agua que trata y
consume la capital nace en el páramo de Guerrero, ubicado entre
Chiquinquirá y Ubaté, y de los páramos de Chingaza y Sumapaz, del
territorio de Cundinamarca. Por eso, el gobernador y los alcaldes de
la Sabana sentencian que Bogotá no les puede restringir la venta de
agua a “sus dueños naturales”. Y “más aún cuando no está
usando ni 15 de los 29,5 metros cúbicos por segundo que trata en
todas sus plantas”. Además, observan que Petro predica pero no
aplica. “Bogotá tampoco ha sido justa con la región, ni con sus
fábricas de agua”, dicen. Y razones no les faltan. Según el
Ministerio de Medio Ambiente, la ciudad apenas invierte 1 millón de
pesos diarios en conservar el parque natural de Chingaza, de donde
proviene la mayor parte del líquido que toman los bogotanos.
Verde,
verde, verde
Desde
la perspectiva de Petro se trata de frenar el avance de algunos
constructores que a punta de bulldozer amenazan con crear una
catástrofe ambiental en el centro del país, pues sin proponérselo
ha encarecido aún más el precio del suelo y la vivienda, que ya
están por la nubes, al tiempo que ha frenado proyectos diseñados
para los más pobres. Roberto Moreno, presidente de Amarilo, cree que
la idea de desarrollar el centro ampliado es buena, pero que
necesitará tiempo y mientras eso ocurre “la administración debe
permitir que los proyectos que ya están aprobados en los bordes se
puedan hacer para evitar que la construcción, especialmente la de
interés social, no se frene ni se afecte el empleo”. A su vez,
Gabriel Díaz, presidente de Oikos, reconoció que el mayor problema
de este momento es la incertidumbre: “Creo que lo mejor es
sentarnos a dialogar con la administración y aclarar, que nos digan
claramente qué es lo que quieren hacer, si hay un cambio de
filosofía o no, porque con lo que está hoy sobre la mesa es muy
difícil tomar decisiones hacia el futuro”.
Sin
duda, lo que está sobre la mesa no es solo la discusión en torno a
la propiedad del agua, que no es de una empresa o del dueño del
predio donde nace, sino que es un bien preciado de todos. La
discusión, como la plantea el gerente del Acueducto, es sobre la
necesidad de que haya una verdadera política en la forma como se
debe desarrollar la Sabana, de cuánta gente puede vivir, dónde y
cómo, y en especial del manejo que se le debe dar al agua, de cuánta
se debe traer de otras cuencas, de cómo se usa y se evacúa, y más
frente a las duras condiciones que está imponiendo sobre el país el
cambio climático.
No
falta quien resalte que por más buena voluntad que tengan las
medidas de Petro, no puede imponerlas a la fuerza. “Es una decisión
que debe resolverse, lo antes posible, entre todas las autoridades
locales, departamentales, nacionales, y nosotros, los habitantes de
la región”, es el consenso que hay entre los alcaldes municipales
de Cundinamarca.
Esta
crisis demuestra la necesidad de que el gobierno, de la mano de los
líderes de la región, defina de una vez por todas la ciudad-región,
idea que se promueve y cacarea cada cuatro años, pero que no sale
del papel ni de los escritorios oficiales. Ese es un mandato de
millones de personas que viven en la región más poblada del país y
están desconcertadas frente a un futuro cada vez más incierto.
¿De
quién es el agua?
El
agua no es de nadie, es de todos y es un derecho fundamental, más si
es para el consumo humano. No es del sitio de donde nace, ni donde se
capta para un acueducto ni de quien la trata o distribuye. Otra cosa
es que es un derecho y un mercado que está regulado y controlado por
el Estado, con el fin de darle un uso racional y equitativo, desde su
captación, distribución y descarga final.
Las
Corporaciones Autónomas, y en algunos casos el gobierno, otorgan las
licencias y concesiones para usar el agua, según los caudales de los
ríos y las necesidades locales. En el caso de la capital, la
concesión que explota la Empresa de Acueducto de Bogotá abarca
también a 14 municipios de la Sabana. Pero la primera tiene la
titularidad, trata el agua y la vende en bloque a los municipios, es
decir, la pone en un tubo en la cabecera y este se encarga de
distribuirla por sus propias redes.
Según
la Comisión de Regulación de Agua, los Ministerios de Ambiente y
Vivienda y la Superintendencia de Servicios Públicos, la venta de
agua en bloque es legal y está regulada por la ley, al contrario de
lo que plantea la alcaldía de Petro. Además, cada municipio es
libre de distribuirla y venderla en el perímetro urbano y rural.
También se le puede vender a los particulares, incluso en bloque, y
una empresa no puede sancionar a un municipio o una empresa por el
uso indebido que haga de este bien. Esa es una competencia de las
autoridades ambientales
